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“Muy buenas tardes, señor Presidente de la Asamblea Nacional y demás miembros de la Junta Directiva; señor secretario; compañeros diputados de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas; señores miembros de los medios de comunicación; señores periodistas que nos acompañan; señoras y señores.
Antes que todo, nosotros queremos agradecer, desde el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Energía y Petróleo, la oportunidad de compartir con la plenaria de la Asamblea Nacional algunos aspectos relevantes sobre el futuro de nuestra industria petrolera y de las posibilidades de desarrollo nacional.
En este sentido queremos profundizar una discusión que tiende a ser compleja, con una maraña de conceptos y mecanismos complicados. Nos parece que el mejor escenario para ello es la Asamblea Nacional, representación popular del pueblo soberano, y que tiene los mecanismos idóneos para abrir esa discusión hacia el seno de nuestro pueblo.
En días pasados participamos en una jornada de trabajo de cinco horas con los miembros de la Comisión Permanente de Energía y Minas, en la que discutimos detalladamente los documentos que están propuestos para la aprobación de la Asamblea Nacional. Además, recibimos un conjunto de observaciones importantes, tanto del documento propuesto como de las dos leyes que el Ejecutivo Nacional está presentando para su modificación y aprobación desde el año pasado.
A continuación, me permito leer un extracto de la resolución 1.803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 14 de diciembre de 1962:
El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.
La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades. En los casos en que se otorgue la autorización, el capital introducido y sus incrementos se regirán por ella, por la Ley nacional vigente y por el derecho internacional.
Las utilidades que se obtengan deberán ser compartidas, en la proporción que se convenga libremente en cada caso, entre los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal Estado sobre sus riquezas y recursos naturales.
La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz.
Los acuerdos sobre inversiones extranjeras libremente concertados por Estados soberanos o entre ellos deberán cumplirse de buena fe.
Los Estados y las organizaciones internacionales deberán respetar estricta y escrupulosamente la soberanía de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales de conformidad con la Carta y los principios contenidos en la presente resolución.
En esta declaración, los países pobres del tercer mundo manifestaron su derecho a la independencia estatal y a ejercer su soberanía sobre los recursos naturales que integran el territorio nacional, entre ellos el manejo de los hidrocarburos, los cuales pretendían seguir controlando las antiguas potencias coloniales mediante un sistema concesionario sujeto, no al derecho nacional sino al derecho internacional de las naciones civilizadas, el derecho privado y a las cortes internacionales.
En Venezuela, sin embargo, al momento de esta declaración, la situación era muy distinta. Con nuestra independencia de vieja data, el sistema concesionario venezolano se regía por el derecho nacional y cualquier disputa tenía que ventilarse, obligatoriamente, ante los Tribunales Nacionales competentes sin que, en ningún caso, pudiera dar lugar a reclamaciones extranjeras. Más aún, con la reforma de la Ley de 1943, a las concesionarias en aquel momento se les obligó a reconocer, explícitamente, los derechos soberanos que asistían al Estado venezolano en materia impositiva. Así, Venezuela por 30 años sirvió de ejemplo a los demás países exportadores de petróleo. Era una referencia, particularmente para los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en el ejercicio de su soberanía y en el desarrollo de su régimen fiscal petrolero. Estos hermanos países de la OPEP sólo se equipararon a nosotros de manera colectiva en 1973 con la llamada Revolución de la OPEP, cuando ingresaron de facto al proceso de nacionalización de nuestras empresas estatales.
Con la Revolución de la OPEP y la posición de los productores, los consumidores tuvieron que aceptar, no sólo los derechos soberanos en materia impositiva, sino el derecho que asistía a los países exportadores de regular la producción y, por ende, los precios del petróleo, por tratarse de un recurso natural agotable y, más aún, no renovable. Anteriormente, este derecho había sido ejercido por el Cártel Internacional del Petróleo, las así llamadas ‘Siete Hermanas’, quienes junto con la cooperación de las autoridades norteamericanas regulaban el mercado internacional del petróleo antes de la existencia de la OPEP.
Desde esta retrospectiva histórica, y dadas las importantísimas batallas que en función de ejercer nuestra soberanía en materia petrolera, impositiva y en pro del disfrute de nuestros recursos petroleros en beneficio del pueblo, se dieron en nuestro país innumerables huelgas, manifestaciones y confrontaciones políticas que mantuvieron a Venezuela a la vanguardia en el manejo de sus recursos naturales vitales como el petróleo.
Ahora bien, después de la nacionalización de la industria petrolera, en los estertores de la IV República, pareciera inconcebible lo que pasó, de haber sido la abanderada del derecho soberano de controlar nuestra producción y del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre nuestros recursos petroleros, pasó a ser la abanderada de la tesis de la ‘globalización’ del recurso natural y, por ende, de un sistema de cuotas manejado, de nuevo, por los poderosos países consumidores, a través ahora de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Es decir, la confrontación y la cuestión petrolera es un problema internacional, en el cual está en juego el interés soberano de los países productores, nuestro derecho legítimo a regular, a administrar la explotación del principal recurso energético venezolano en beneficio de todos, en contra del interés depredador de las grandes potencias industrializadas, de los países consumidores, que pretenden obtener un manejo global de nuestros recursos para agotarlos como bien ha sucedido en buena parte del planeta.
El balance de la política petrolera de la IV República, denominada apertura petrolera demuestra claramente que esa élite política, conformada por la oligarquía nacional y la meritocracia de la vieja PDVSA, controló nuestra industria nacional y se pusieron de manera clara del lado de los intereses transnacionales, de los países consumidores, en detrimento de nuestros intereses nacionales. A finales de la IV República, estaba en boga la concepción neoliberal de nuestras economías, donde se pretendía que el Estado, y en particular el Estado venezolano, abdicara de sus responsabilidades y de cualquier participación en la planificación y el control de su economía y, por supuesto, para ello, la oligarquía nacional y el interés transnacional requerían captar la renta petrolera como lo estaban haciendo.
¿Cómo puede explicarse este proceso en nuestro país? ¿Cómo puede explicarse que un país con esa tradición en cuanto a la defensa de nuestra soberanía en el régimen fiscal petrolero y la soberanía del manejo de nuestros recursos diera un giro de 180° en su política petrolera? ¿Cómo fue que llegamos a la apertura petrolera, además de las consideraciones de tipo político, del compromiso claro de las élites políticas que gobernaban en el país durante la IV República? Debemos explicar que eso fue posible, en gran medida, gracias a la captura de nuestra empresa nacional, estamos hablando de la captura de Petróleos de Venezuela, una empresa nacional, por el interés transnacional.
El origen de lo que hemos denominado la captura de nuestra industria petrolera por intereses transnacionales, tiene su génesis en la propia nacionalización. Está descrito en la literatura de la historia del petróleo, cómo intereses extraños al dueño de la empresa nacional, capturaron y controlaron a PDVSA.
Esta situación dio pie a que el ministro Juan Pablo Pérez Alfonso la llamara “la nacionalización chucuta”, pues quedaron al frente de la conducción de la nueva empresa nacional los mismos cuadros gerenciales que representaban los intereses de las empresas transnacionales, se repitieron los mismos esquemas, se trabajó bajo las mismas relaciones comerciales, las mismas ataduras tecnológicas, es decir, estaban incubados en el seno de nuestra nueva empresa nacional elementos que, al final de los años 90 y principios del año 2000, se apoderaron de nuestra empresa nacional.
Esa captura convirtió a la vieja PDVSA en un verdadero Caballo de Troya gigantesco en contra de los intereses del Estado venezolano, que amparado bajo el concepto de que estaban defendiendo el interés estatal, fueron introduciendo distintos elementos a través del antiguo Congreso Nacional, del antiguo Poder Judicial y del propio Ejecutivo, por intermedio del antiguo Ministerio de Energía y Minas, elementos para desmontar los controles del Estado venezolano sobre nuestra política petrolera, incluyendo los aspectos fiscales, la regulación y la soberanía sobre nuestros recursos.
Así, podemos mencionar que la política de apertura petrolera se compone de algunos ejes fundamentales:
1. La privatización de PDVSA, por intermedio de aquella política que eufemísticamente en la jerga gerencial se denominaba outsourcing, en la que a PDVSA se le iba desprendiendo de sus actividades medulares y se le iban cediendo a los privados nuestras flotas de transporte, nuestro cerebro tecnológico e informático, los sistemas de inyección de gas y muelle, entre otros. La privatización de PDVSA avanzaba lentamente, y tal vez el caso más patético e importante era que se estaban privatizando las actividades primarias, a través de los convenios operativos.
2. La internacionalización, perverso mecanismo a través del cual se transfirieron al exterior más de 14 mil millones de dólares, según hemos calculado, no solamente para la adquisición de bienes en el exterior, (sistemas de refinación, puertos, muelles y tuberías, entre otros) sino que además se realizaron descuentos implícitos en los contratos de suministro al sistema de refinación de PDVSA en el exterior. Así, la IV República estaba garantizando el papel que le había asignado el imperialismo norteamericano: ser abastecedor masivo de energía a muy bajo costo para la economía más importante del planeta.
3. Las asociaciones estratégicas de la Faja, que no tienen nada de estratégicas, legalmente conocidas como los convenios de asociación, significaron la entrega a las empresas transnacionales de cerca de 600 mil barriles diarios (MBD) de petróleo en condiciones fiscales lesivas para el interés de la Nación.
Restan por enumerar algunos elementos de la estrategia antinacional de la vieja PDVSA. Pero el tema que actualmente está en discusión son los convenios operativos; y el informe que presentamos ante esta Asamblea pretende demostrar cómo se conformaron, en qué consisten, cuáles aspectos son absolutamente ilegales y qué está haciendo el Gobierno Bolivariano del Presidente Hugo Chávez para extinguirlos y ajustarlos a nuestro marco legal vigente, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para hablar de los convenios operativos debemos remontarnos entonces a la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, más conocida como la Ley de Nacionalización, que en su artículo 1° establecía: “Se reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, lo relativo a la exploración del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos; a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento; al comercio interior y exterior de las sustancias explotadas y refinadas, y a las obras que su manejo requiera, en los términos señalados por esta ley”. En este artículo, el legislador reserva al Estado venezolano la actividad primaria de producción de petróleo y la propiedad.
En el artículo 5° de la misma Ley, introducido por gestiones del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, establecía y vuelvo a citar: “El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1º de la presente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios
operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades atribuidas en el artículo 1°”. Es decir, el legislador introduce una posible figura de contratos de servicio llamados convenios operativos, que se permitían, siempre y cuando no afectara la esencia de la actividad de producción de petróleo que se estaba reservando el artículo 1° de la misma Ley.
En el año 1992, la meritocracia, ya con el control absoluto de PDVSA, ejercería su poder para hacer una interpretación libre de este artículo 5° y comenzar a otorgar derechos de explotación y producción sobre áreas que antes estaban reservadas al Estado venezolano, utilizando la figura de que eran simples contratos de servicio. Así, durante tres rondas de licitación en 1992, 1993, 1997 y mediante una adjudicación directa producida en 1995, se procedió a ceder la actividad que estaba reservada en el artículo 1° de la Ley de Nacionalización, con el apoyo de la antigua Corte Suprema de Justicia, para venderlos ante la opinión pública nacional como convenios operativos.
Si a alguien le queda duda de que se estaban entregando nuestras actividades primarias, basta con recorrer el área de cualquiera de los 32 convenios que existían hasta el 31 de diciembre de 2005, firmados por PDVSA con el sector privado. En estos contratos PDVSA brillaba por su ausencia. Usted tocaba la puerta de cualquiera de esos convenios y le salía un gerente extranjero que explotaba, producía y tenía el control de esas operaciones y de ese petróleo y que luego realizaba una sencilla venta de ese petróleo a PDVSA, la cual estaba obligada a comprárselos en un complicado sistema de valorización del crudo que hacía que tuviéramos que pagar precios muy por encima de lo que hubiera significado explotar con recursos propios esos mismos barriles de petróleo. La nueva PDVSA ha realizado una investigación exhaustiva de esta situación. Estos informes están a disposición de la Asamblea Nacional para seguirlos discutiendo con más detalle.
La primera ronda se produjo de 1992 a 1993; abarcó tres convenios operativos que para el año 2005 estaban produciendo 30 MBD de petróleo. Se entregaron áreas que variaban entre 5.540 km2 y 280 km2. En aquel momento, los campos entregados se calificaron de marginales y abandonados. Había una deliberada intención de decir que eran áreas que no tienen ningún valor y que prácticamente teníamos que agradecer si alguien venía a producir petróleo en esas áreas. Se estableció un mecanismo complejo de remuneración de esa producción y con la jerga gerencial se llamaba OpFee y CapFee, que tiene que ver con los pagos por operación y los pagos por capitales, por inversiones, y tenían un tope máximo.
El Ministerio de Energía y Petróleo ha estado trabajando arduamente en desmontar esta estrategia antinacional. Debo mencionar que me acompañan en esta sesión el viceministro, Dr. Bernard Mommer; y el presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), Eulogio Del Pino, con quienes hemos trabajado en conjunto desde hace un año para aclarar estas cifras y traer estos informes finales a la soberana Asamblea Nacional.
Esta estructura compleja de pago del supuesto servicio prestado se hizo ex profeso, no sólo para poner un velo a esas operaciones y evitar su control sino para enmascarar un convenio de servicio. Trataron de adaptarse a una situación que no se podía ocultar, porque revisando la fórmula hemos establecido que el pago que se hacía a las empresas que estaban en los convenios operativos estaba indexado al precio del petróleo, es decir, sencillamente ellos se beneficiaban con los volúmenes y los precios del petróleo que producían y así se lo vendían a PDVSA, con lo cual queda claro que no eran ningunos contratos de servicio sino que eran unas simples concesiones petroleras.
Se estableció una cesta de crudo para fijar el precio con el cual se indexaba en esa fórmula, y en muchos casos se colocaba como precio para establecer el pago de crudos livianos, mientras que en esos campos se producían crudos pesados. Estos temas los tenemos claramente documentados con respecto a esa ronda.
En la segunda ronda, entre el año 1993 y 1995, se entregaron 11 convenios operativos, que producían, para el año 2005, 200 MBD de petróleo. En cada ronda se profundizaba la entrega, las áreas variaban entre 8.980 km2, una extensión gigantesca. Nuestra actual Ley sólo permite 1.000 km2 a lo sumo y con autorización del Consejo de Ministros. En esta oportunidad, como eran mejores campos, que ya se calificaban como marginales, inactivos mas no abandonados, igual se concedieron.
En estos campos se establece un derecho de exploración y explotación de estratos más profundos, es decir, la concesión se va profundizando en cada entrega. En esta segunda ronda se produce un hecho insólito en la legislación y contratos petroleros: se establecieron incentivos para la producción de petróleo.
En la mayoría de los contratos, cuando un campo resulta ser mucho más importante de lo que se pensaba, tiene más y mejores reservas, cuando se produce un volumen adicional, normalmente el dueño de las reservas reclama una mayor participación, lo que quiere decir que se había conseguido la explotación de un campo de mejores características que las previstas. Aquí la meritocracia de la vieja PDVSA hizo lo contrario, se estableció entonces un volumen de producción, que una vez superado teníamos que pagarle al privado por esa explotación incremental.
Así llegamos a una situación absurda el año pasado, cuando nos dimos cuenta de que a una de estas empresas operadoras de los convenios operativos había que pagarle, cada dos días, un millón de dólares por producir petróleo, como parte de un incentivo que se le estaba dando a las empresas por estar en el país. Todo eso tiene una racionalidad, al ser insostenible económicamente, esto iba a desembocar en una privatización de facto de PDVSA, porque cuando las mismas élites que firmaron esos contratos viniesen a explicar a las instancias legislativas que era demasiado oneroso, iban a argumentar que el Estado venezolano no tenía porque hacerse cargo de esa producción y el paso subsecuente era la privatización de nuestra industria petrolera.
En 1995 se dio la adjudicación directa de un caso emblemático de esta estrategia a favor de las empresas transnacionales, como es el caso del campo Boscán, en el estado Zulia, que al momento de adjudicarse de manera directa producía 80 MBD de petróleo, y fue calificado como de producción marginal. Imagínense lo que había detrás de esta acción: uno de nuestros más importantes campos con 110 MBD de petróleo fue entregado en una política clara de privatización.
Aquí se introdujo otro elemento, la vieja PDVSA acordó cubrir los costos e ir garantizando una ganancia fija por barril, independientemente de lo que pasara, si subía o bajaba el precio, si había riesgo o no, si eso funcionaba o no, PDVSA garantizaba una ganancia que iba incrementándose, la cual empezó en $0,35 por barril, después aumentó a $0,5, después a $0,75, luego a $1,32 hasta garantizarles una ganancia mínima de 16,5% en esa explotación de petróleo; es decir, un negocio hecho a la medida de la empresa privada.
En la tercera ronda, en el año 1997, se otorgaron 17 convenios operativos que para el año 2005 producían 170 MBD de petróleo. Las áreas entregadas variaban entre 428 km2 y 40 km2. Nuevamente los campos se calificaron como marginales, pero ahora activos y producían al momento de entregarse 50 MBD de petróleo. En esta licitación el parámetro de diferenciación fue un bono que dieron a las empresas pero que después podían amortizar frente al Impuesto sobre la Renta (ISLR).
Para tener una idea, a continuación presentaremos unas gráficas con un resumen de los 32 convenios operativos: En la lámina 1 se observa cómo se iban incrementando los volúmenes en los convenios operativos que se fueron entregando en las distintas rondas, hasta llegar en el año 2005 a 500 MBD de petróleo, lo cual constituye una parte importante de nuestra producción, la cual estaba privatizada. En la lámina 2 se determina el valor bruto de la producción petrolera. En la lámina 3 tenemos un resumen en porcentajes que demuestra que en los convenios operativos, al momento de nosotros ordenar paralizarlos, promediaban un 40% de la distribución del valor bruto de la producción para Petróleos de Venezuela y las contratistas obtenían un 60%, es decir, de facto teníamos privatizados 500 MBD de petróleo.
Sin embargo, hay un caso particular en el convenio operativo Oritupano-Leona. Cada uno de estos convenios los vamos a llevar a la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional; ya los tenemos estudiados en sus volúmenes, sus precios, sus fórmulas, pero éste lo quisimos traer acá porque también la meritocracia fue bien negligente incluso en los propios negocios que hacían.
Todo aquel cuento de la excelencia de la meritocracia no solamente quedó derrumbado, se hizo polvo durante el sabotaje petrolero en diciembre de 2002 porque el pueblo les demostró que era capaz de operar nuestra principal industria; aquí vemos que en los negocios que establecían eran capaces de obtener pérdidas.
En la lámina 4, de 1998 a 1999, hay un año completo en el cual se observan claramente las pérdidas. Esto evidencia lo pésimo que la propia meritocracia administró los negocios que se inventó. Eso lo traíamos como un detalle y esto tiene una explicación que tiene que ver con la negligencia con que esto se hizo, e incluso ya hablando solamente en términos de negocio, la vieja PDVSA permitió que los precios con los cuales se calculaba lo que había que pagar se fijaran en un momento de precios altos y dejaron abierta la posibilidad de que la contratista comenzaría a cobrar en el momento que entrara en operación. La contratista empezó a entrar en operación en momentos de precios bajos, esperaron a que bajara el precio. De tal manera que PDVSA estaba obligada a pagar por un crudo más barato, un precio fijado mucho más alto.
Así como éste, hay muchos casos más; tenemos 32 exactamente determinados. Pero vamos a hablar del tema de la participación fiscal, que es una columna vertebral del tema de la soberanía petrolera. Un Estado que no es capaz de establecer impuestos ni tasas de explotación de sus recursos, no tiene soberanía. A partir de aquí vamos a ver cuál era la afectación del Fisco, porque hasta ahora hemos visto sólo cómo PDVSA se arreglaba con los privados, cómo entregó sus actividades reservadas. Ahora vamos a ver cómo iba la afectación hacia el Fisco, y vamos a hablar del ISLR.
Al estos convenios operativos pretender ser meramente contratos de servicio, lograron que sus impuestos se pecharan como no petroleros; es decir, cancelaban al Fisco, antes en la vieja Ley 30%, hoy 34%, cuando lo que les correspondía como productores de petróleo era 67,7%; hoy 50%. Es decir, unos señores que producían 500 MBD de petróleo pagaban el mismo impuesto que una panadería, farmacia o venta de pollos; es decir, era una burla, una evasión al Fisco venezolano, y en eso participó la vieja PDVSA, que lo amparó y lo permitió, incluso lo impulsó; por eso decimos que era un Caballo de Troya desmontando nuestro régimen fiscal.
Para lograr eso, además, la IV República estaba desmontando el Estado y sus mecanismos de control. No solamente el Ministerio de Energía y Minas (actualmente denominado Ministerio de Energía y Petróleo) ya era un cascarón vacío, que no tenía posibilidades de hacer ningún tipo de control y regulación de la actividad petrolera, sino que además se hizo mucha presión para eliminar en el año 1986 la Comisión de Enlace que existía entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía y Minas; es decir, anteriormente existía una estructura fiscal para pechar los negocios petroleros y la IV República se encargó de sacarlo, no sólo como mecanismo de coordinación sino que después lo diluyeron en las áreas e iban a la fiscalización de los convenios operativos como cualquier empresa más no petrolera.
Además, conseguimos algo muy importante, en los años 90 se modificó la Ley de ISLR y se introdujeron mecanismos no sólo para garantizar las exenciones de estos impuestos -como se hizo en la Faja Petrolífera del Orinoco- en el artículo 56 de la Ley vigente de ISLR, que es algo que también vamos a someter a la
Asamblea Nacional para su posterior modificación, sino que además se introdujeron mecanismos muy amplios, laxos, que permitían evadir impuestos, tal como el concepto de las pérdidas cambiarias.
Estas empresas, al no ser compañías de propósitos especiales, siempre estaban endeudadas con sus casas matrices, no salían de una deuda porque reportaban las inversiones que hicieron como pérdidas y se les pagaban como deudas, de manera tal que no sólo tenían 34% de tasa sino que tampoco pagaban ISLR.
Todas las regalías de los convenios operativos formalmente las cancelaba PDVSA. En la primera ronda, PDVSA y el entonces Ministerio de Energía y Minas acordaron en la trastienda bajar la tasa de regalía a 1%. Esto además de la implicación en términos económicos terribles, ya establecía un precedente donde las ganancias de las empresas tenían prioridad sobre el interés del propietario del recurso de obtener su regalía.
Nuestro concepto es que si un negocio petrolero no es capaz de pagar regalía, preferimos dejar nuestro petróleo en el subsuelo esperando mejores condiciones, pero lo que no vamos a repetir aquí nunca más es que vengan los intereses de los inversionistas privados a exigirle al Estado venezolano que para producir un barril de petróleo hay que ceder en la regalía, bajar la regalía a un 2%, ceder en los impuestos, y exigir todo tipo de exenciones para aumentar sus ganancias en detrimento de nuestro país.
El tema de las regalías seguía avanzando en esta teoría al punto de que en el seno de la vieja PDVSA había un proyecto, el Proyecto Araguaney, en el que ya estaba trabajando el economista jefe de PDVSA, Ramón Espinasa, impulsando con el entonces Ministerio de Energía y Minas, un conjunto de cálculos muy complicados para llevar la tasa de regalía vigente de 16 2/3% a 5%, siempre con la expectativa de bajar más la regalía.
No contaban estos señores con el pueblo de Venezuela; no contaban estos señores con el Presidente Chávez; y así el ajuste de la tasa de regalía de 16 2/3% a 30% no estaba para nada en sus planes. Hoy comenzamos a entender la ferocidad y la beligerancia de la vieja PDVSA que nos llevó después al desencadenamiento del golpe de Estado y el sabotaje a la industria petrolera.
Otro tema sobre el que hay que conversar es el Valor Fiscal de Exportación, un impuesto que existía para el sector petrolero en 1992. Este impuesto equivalía al ISLR adicional de 30% sobre la regalía vigente, para un total de 46,67%. En su totalidad los convenios operativos hubiesen dado pérdidas si estos mecanismos de soberanía fiscal todavía estuvieran vigentes. Por eso se hizo presión para eliminar este impuesto en 1993. Ante el antiguo Congreso Nacional se fraguaron estas componendas contra nuestros ingresos fiscales.
A manera de conclusión, con estos antecedentes, un aspecto muy importante fue que la apertura petrolera se desplegara de la manera como lo hizo, no sólo por la claudicación de la dirigencia política de la IV República en favor de los intereses transnacionales, sino porque la vieja PDVSA asumió frente a los convenios operativos, y lo que vendría después, el papel de administrador del recurso natural, de regulador de la actividad petrolera.
Fíjense qué importante es esto; ese papel le correspondía al Ministerio de Energía y Minas, el asiento institucional, como representante del Estado, de la política petrolera. Esto se dejó de lado, se entregó de manera irresponsable la construcción de la política petrolera a una élite tecnocrática, transnacionalizada y como consecuencia tuvimos el despliegue de una política petrolera en contra de los intereses de la Nación.
Hay un aspecto importante; en los cálculos que hemos sacado de las condiciones fiscales que se otorgaron en beneficio de las compañías, no sólo durante los convenios operativos sino durante los convenios de asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, encontramos que fueron más lesivas al país que ninguna concesión en toda nuestra historia de política petrolera; ni siquiera en la época gomecista, cuando las peores concesiones entregadas a las empresas transnacionales por el entonces general Juan Vicente Gómez pagaban una regalía de al menos 5%.
Aquí se entregó buena parte de esa producción con regalía de apenas 1% y después se hizo en la Faja, y ustedes van a recordar que en el Gobierno Bolivariano, el 10 de octubre de 2004, se ajustó la tasa de regalía que estaba vigente para la Faja de 1% a 16 2/3%; pero esos eran los negocios que hacía la IV República. Por cierto, leyendo la prensa hoy, criticaban nuestra reunión de trabajo en la Comisión de Energía y Minas y nos tildaban como la IV República; no, señores, la IV República era la que hacía esto que estamos viendo acá, la IV República era la que podía hacer negocios de espaldas al interés de la Nación en detrimento de nuestros intereses. Nosotros estamos aquí frente a la soberana Asamblea Nacional para que conozca, discuta, cuestione, comente y sugiera sobre las modificaciones que el Ejecutivo Nacional está exponiendo de cara al
país, en el tema de una política tan vital para nuestro futuro como es la política petrolera.
Ya mencionamos el aspecto fiscal, lo pésimo del negocio que se estableció en la figura de convenios operativos, que tiene que ver con el arreglo de las disputas y la soberanía jurídica.
A lo largo de la historia venezolana, en la legislación que rige la materia minera y petrolera, el Estado venezolano siempre estableció que cualquier disputa se resolvería ante los tribunales nacionales, con jurisdicción nacional. Nuevamente es una expresión de la soberanía sobre el manejo de nuestro principal recurso. Pues bien, la vieja PDVSA, en este afán de abatir nuestro control sobre una actividad fundamental estableció en la primera ronda que cualquier disputa en los convenios operativos se resolvería mediante arbitraje conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual tendría lugar en Caracas.
En la segunda Ronda, PDVSA aceptó que las disputas se resolvieran mediante arbitraje, que todavía tendrían lugar en Caracas, pero conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, Francia. Y en la tercera ronda, finalmente la vieja PDVSA impuso al país que cualquier disputa se resolviera mediante arbitraje en Nueva York, Estados Unidos, conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París.
PDVSA también aceptó entonces renunciar irrevocablemente a sus privilegios soberanos como compañía del Estado; es decir, nuevamente se seguía aplicando el arbitraje en nuestra soberanía, ahora en los temas vinculados a la solución de controversias. Hasta hace poco en los proyectos se introducía como algo moderno, como algo que atraía al capital privado, pues resulta que estas materias petroleras no pueden ser, y así lo establece nuestra Constitución y nuestras leyes, sujeto de arbitraje ni estar sometido a su resolución extraterritorial.
Nosotros reivindicamos y vamos a ver adelante en nuestro modelo propuesto a la Asamblea Nacional, que todas las disputas que tengan que ver con temas vinculados a nuestra soberanía petrolera se deciden y dilucidan aquí, en nuestros tribunales nacionales. No aceptamos el arbitraje como un mecanismo de solución de disputas.
Luego en la regulación de la producción, un comentario muy rápido, pero creemos que es estratégico, se comenzó a establecer en los convenios operativos que las compañías aceptaban que se regulara la producción si nuestro país tenía acuerdos con la OPEP o había suscrito acuerdos internacionales. Nosotros no podemos renunciar a nuestro derecho soberano a regular la producción. Si es en el seno de un acuerdo con la OPEP, es lo ideal.
La OPEP es una reunión de países soberanos que estamos regulando la producción en defensa del precio del petróleo y los recursos naturales. Pero lo que pretendía la meritocracia era llevar el sistema de cuotas fuera de la OPEP, y
recuerden ustedes que Venezuela se convirtió bajo la conducción de la vieja PDVSA en un factor de entorpecimiento y de sabotaje a las políticas OPEP.
Querían llevar el sistema de cuotas fuera de la organización y que el sistema de cuotas se estableciera en el seno, nuevamente, de la Organización Mundial del Comercio, en el que, por supuesto, los grandes países consumidores controlan sus decisiones. Por ello, entonces, se consideraba para cumplir con el articulado de la OMC, que nuestro recurso petrolero era un commodity; nuevamente viene esa jerga que tenía un objetivo claro: convertirlo en un bien transable, que no era un recurso natural, que no se agotaba y que por tanto podía ser regulado por la OMC, como se regula la producción de carros o zapatos o cualquier otra cosa. Entonces hacia allá iba esta política.
Finalmente, y evaluando los convenios operativos, mantenemos de manera firme que son ilegales. En su propio origen burlaron la ley que estaba vigente, enmascararon verdaderas concesiones bajo las figuras de contratos de servicio, y eso tuvo consecuencias nefastas para nuestros ingresos y para el control soberano de nuestros recursos.
Teníamos de facto una privatización de nuestra industria petrolera, 500 MBD de petróleo estaban entonces en manos de los privados, que como ya hemos demostrado, no solamente son ilegales porque el artículo 5° de la Ley de Nacionalización que estaba vigente al momento de firmar estos convenios, precisó y cito: ‘… debe quedar muy claro que en ningún caso –refiriéndose a los convenios operativos- estas gestiones deberán afectar la esencia misma de las actividades atribuidas’.
Ya lo vimos. ‘No se excluye así la celebración de convenios o contratos con empresas privadas, para la ejecución de determinadas obras o servicios por los cuales estas últimas recibirán el pago en dinero o en especie, sin que en este último caso se pueda comprometer un porcentaje fijo de la producción de un determinado campo’. Vimos en las gráficas que se había comprometido el 60% de la producción para entregarla a los contratistas. ‘…o la entrega de una cantidad substancial del petróleo que desdibuje la figura del simple contrato de servicio u operación’.
Es decir, si en esta Asamblea o en un edificio contratamos a alguien para que los pinte, no podemos terminar en una situación donde tengamos que entregarle el edificio al pintor para cancelarle su mano de obra. Aquello es un contrato de servicio, no puede por su naturaleza colocar en una situación prácticamente de quiebra a quien contrata el servicio, se supone que es para coadyuvar a la realización de las operaciones.
Hemos concluido en el período de evaluación que, de los 32 convenios operativos, el 60% de la producción bruta correspondía a los privados y que la remuneración iba por cuenta de PDVSA. Es decir, los convenios operativos tenían una importancia económica tal, que hacían inviable su esquema dentro de Petróleos
de Venezuela, y por eso tomamos algunas medidas que vamos a anunciar más adelante.
Es importante escuchar otra referencia sobre qué es un contrato de servicio y para eso nos vamos a permitir citar un glosario de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, del Consejo Mundial de Petróleo y de la Asociación Americana de Geólogos, donde se define un contrato simple de servicio en los siguientes términos:
‘Un contrato puro de servicios es un acuerdo entre un contratista y un gobierno que típicamente cubre un servicio técnico definido que tiene que prestarse por un tiempo determinado o completarse en un plazo específico. La inversión de la contratista está típicamente limitada al valor de los equipos, herramientas y personal usados para prestar el servicio. En la mayoría de los casos el reembolso a la empresa de servicios se establece en el contrato, sin que éste tenga vínculos significativos con el desempeño del proyecto o factores de mercado. El pago por servicios está normalmente basado en tarifas diarias o por hora, un monto fijo por entrega llave en mano, u otro monto específico. Los pagos pueden ser efectuados periódicamente o cuando se complete el servicio. Los pagos en algunos casos pueden estar ligados a la operación del campo, la reducción de costos operativos o a otros parámetros relevantes. Los riesgos del contratista en este tipo de contrato están usualmente limitados a sobrecostos no recuperables, pérdidas derivadas del incumplimiento del contrato por el cliente o por el contratista, o disputas contractuales’. Estos acuerdos generalmente no tienen exposición al volumen de la producción ni a su precio de mercado, y en consecuencia usualmente no se reconocen reservas conforme a los mismos.
Frente a esta situación es cuando el Gobierno Bolivariano asume la conducción de nuestra política petrolera a partir del año 1999. El país puede preguntarse por qué no se le puso fin a esto, cómo es que esta situación avanzó hasta el año 2005, 2006. y entonces es donde tenemos que poner los hechos en su contexto. En el Informe del Comisario de PDVSA, de los años 1999 y 2000, la administración que llegaba comenzó a detectar cómo nos estaban entregando la industria. Aquí están todos los señalamientos de cuán costosos y fuera de control eran los convenios operativos, los señalamientos de lo costoso que era la política de internacionalización, los señalamientos de lo que era la política de outsourcing que nos guiaba hacia la privatización.
Producto de estos informes, el entonces ministro de Energía y Minas, el Dr. Alí Rodríguez Araque, y después el Dr. Álvaro Silva Calderón, establecieron un conjunto de lineamientos y recomendaciones en las distintas actas de Asamblea de Accionistas, donde se ordenaba a PDVSA revisar esta estructura en la que se estaba entregando nuestra soberanía petrolera. La vieja PDVSA negaba la información, tenía un velo corporativo, así llamado entre sus operaciones y sus accionistas representados por el Ministerio de Energía y Minas.
La vieja PDVSA no permitió que el Gobierno Bolivariano tuviera acceso a la gigantesca caja negra que significaban los negocios de la apertura petrolera. Vino el golpe de Estado donde quedaba claro el posicionamiento político de esa élite meritocrática, activa y militante. La vieja PDVSA estuvo involucrada en el golpe de Estado, y por eso nosotros como ministros no firmamos ese presupuesto del año 2002, porque sabemos que ahí se estuvieron financiando las movilizaciones que después derivaron en el golpe de Estado del 11 de abril.
Luego la meritocracia condujo a la industria al sabotaje petrolero, hecho sin precedentes en la historia. Pero ahí, como decíamos en ese momento no es que ellos fueran malvados o fueran locos, no, eso es un simplismo peligroso. Eran la expresión clara de un modelo que contrastaba con lo que está propuesto en nuestra Constitución y que dignamente representa el Presidente Hugo Chávez. Dos visiones del país en las cuales la imposición de un modelo neoliberal pasaba, de manera necesaria, por controlar nuestra principal actividad económica, por capturar la renta petrolera, por introducir el capital transnacional en desmedro de nuestros intereses nacionales. Por eso la vieja PDVSA condujo la industria al sabotaje, a una confrontación violenta con nuestro pueblo.
Esa acción no tiene precedentes en ningún sitio del planeta. Cuando las tropas norteamericanas invadieron Irak, lo primero que ocuparon fue el Ministerio de Petróleo; lo primero que ocuparon fueron las instalaciones. Nadie destroza las instalaciones petroleras como lo hizo la élite meritocrática, así llamada sin ningún rubor, por cierto; se creían los excelentes y lo más allá de todo. Nadie actuaba así; aquí había una confrontación de dos modelos y lo que estaba detrás era eso: mucho dinero, muchos intereses, mucho interés transnacional.
Una vez que nosotros logramos la derrota del sabotaje petrolero -cuando digo nosotros estoy hablando en primera instancia de nuestro pueblo, de nuestra Fuerza Armada, de nuestros trabajadores, nuestros gerentes patriotas-, cuando el Gobierno Bolivariano logra la derrota del sabotaje petrolero nadie se imaginaba que una industria que el 1° de enero del año 2003 estaba produciendo apenas 25 mil barriles de petróleo, estaría produciendo luego, en marzo de ese mismo año, 3 millones de barriles de petróleo. Pasamos todo el año 2003 reestableciendo nuestra producción y creo que nuestros trabajadores lo han hecho muy bien. Nuevamente es la magia de nuestra Revolución, el fuego interno de nuestro pueblo, el liderazgo del Presidente Chávez.
Pero, una vez que logramos reestablecer y estabilizar nuestra producción, comenzamos entonces la revisión de los papeles. Recuerden que nosotros estuvimos acá el año pasado, el 25 de mayo frente a la Asamblea Nacional, exponiendo todas estas situaciones en su conjunto y ahora las vamos a ir atacando una por una, en este caso los convenios operativos. Pero, para nosotros obtener las copias de lo que se había firmado en el antiguo Congreso para autorizar los convenios de asociación de la Faja, tuvimos que conminar a las empresas a que nos dieran sus archivos porque, sencillamente, habían
desaparecido de la Asamblea, los desaparecieron del Ministerio y la meritocracia saboteadora los destruyó en PDVSA.
Entonces, una vez que empezamos a tener acceso a la información y a articular todos estos elementos -no es un asunto sencillo porque está hecho ex profeso para que fuera muy complicado- comenzamos a dar acciones precisas para la culminación, en este caso, del tema de los convenios operativos. El 12 de abril del año 2005, el Ministerio de Energía y Petróleo emite una instrucción a la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, donde se ordena poner fin, extinguir los convenios operativos en un período no mayor de un año. Ese período se vence el 31 de este mes.
Igualmente, en ese instructivo se le ordenó a PDVSA que, como los convenios operativos afectan el propio desempeño y viabilidad económica de la empresa, se le ponía un tope a los desembolsos hechos por la Corporación a los convenios operativos para que fueran hasta un 66,6%. Es decir, que por lo menos pagaran regalías.
La tercera instrucción es cesar los pagos que se estaban haciendo en dólares -cobraban en dólares y a nuestros obreros le pagaban en bolívares. El 100% se pagaba a estas empresas en dólares, entonces se dio la instrucción para cesar esos pagos, revisar y solamente reconocer lo que correspondiera con la estructura de costos a pagos en dólares, como se le reconoce a PDVSA para contratar un taladro en el exterior, o lo que sea, pero el resto en bolívares.
Y le dimos a las empresas un plazo hasta el 31 de diciembre del año 2005 para que suscribieran un compromiso, lo que llamamos el acuerdo de transición, donde les estábamos diciendo: ‘ustedes tienen una figura de operación que es ilegal, tienen un conjunto de deudas con el Estado venezolano, las tienen que pagar todas, tienen que cancelar todo lo que le adeudan al Estado y sólo después de eso tendrán la oportunidad de migrar a una figura que está contemplada en nuestra Ley, que es la figura de las Empresas Mixtas’.
Aquí nosotros nos queremos detener, porque tuvimos mucha confusión y debo informar a todo el país que toda esta política ha sido discutida, por supuesto, conducida por el Presidente de la República, y es lo que hemos llamado la política de Plena Soberanía Petrolera. Y se discutió bastante la opción entre expropiar o migrar. Estuvimos analizando nuestra Ley, que contempla en su artículo 22° la existencia de la participación del capital privado, pero sujeto a un conjunto de regulaciones que garanticen la mayoría y el control del Estado venezolano por intermedio de su operadora nacional, en este caso PDVSA.
Yo me voy a permitir leer ese artículo, porque es importante para todo el país que se entienda que esta figura, la cual estamos proponiendo como opción, está en nuestro marco legal, es parte de nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos, y leo: ‘Capítulo III. Del ejercicio de las actividades primarias. Sección I. De la forma y condiciones para realizar las actividades primarias. Artículo 22°: Las actividades
primarias indicadas en el artículo 9°, serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad. Igualmente podrá hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social, las cuales a los efectos de este Decreto Ley se denominan empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras’.
Y luego en el artículo 33°, sección III. De las empresas mixtas: establece: ‘La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes’.
Entonces el espíritu del legislador está acá planteando que podemos tener la presencia de empresas privadas, pero claramente reguladas, claramente sujetas a nuestras leyes que rigen para las empresas nacionales y previa aprobación de la Asamblea Nacional, con lo cual el Ejecutivo está garantizando que se haga una amplia discusión y que se preserven los intereses de nuestro país.
Pues bien, ese proceso que llamamos de migración, ha sido un proceso de mucha tensión y es importante que se sepa que hemos estado conduciendo, todos los días del año 2005, una política encaminada a reestablecer nuestra Plena Soberanía Petrolera. Y por eso decimos que nuestra política petrolera en esta etapa es una política de Plena Soberanía Petrolera, una política nacional, porque reestablece nuestra Soberanía y control sobre los recursos; una política popular, porque debe descansar en los hombros de nuestro pueblo; y una política revolucionaria, porque aquí lo revolucionario y lo que nos puede diferenciar del accionar de otros países productores de petróleo es cómo se dispone la renta petrolera, a favor de quién se distribuye la renta petrolera, y nosotros decimos, el Presidente de la República lo ha dicho, debe ser a favor del pueblo.
Y por eso nosotros hemos visto, a partir de la derrota del sabotaje petrolero, la extraordinaria situación en que ahora nuestros ingresos petroleros se están utilizando para el Plan de Desarrollo de la Nación, para sostener las misiones, todas las misiones: la Misión Barrio Adentro, la Misión Ribas, la Misión Robinson, la Misión Mercal. Es eso lo que molesta a nuestra oposición, es eso lo que molesta a esas élites que tradicionalmente dispusieron para su beneficio la renta petrolera. Eso es lo que está en disputa aquí, señores diputados: quién controla, quién distribuye la renta petrolera.
El Estado venezolano es expresión del interés colectivo de todos los venezolanos y si estamos empeñados en la construcción del Socialismo, entonces debemos
tener la capacidad y la manera de planificar y de dirigir nuestra economía en beneficio de las mayorías nacionales. De eso se trata.
En ese proceso de migración, las compañías tienen claro -se lo dijimos al país- que hasta el 31 de diciembre del año 2005 tenían posibilidades de firmar los acuerdos de transición, porque desde noviembre del año 2005 nosotros nombramos los Comités Ejecutivos Transitorios. Es decir, ya nosotros preparamos el grupo de ingenieros y gerentes de Petróleos de Venezuela que se va a hacer cargo de esos convenios operativos.
Hasta el 31 de diciembre fue el plazo, todas las empresas fueron firmando, primero las nacionales, después las medianas, después las más grandes. Al final, la empresa ExxonMobil no quiso firmar y entonces prefirió vender su participación, que tenía en el convenio operativo Quiamare-La Ceiba, a la empresa Repsol; y entonces la empresa Repsol firmó el 31 de diciembre del año 2005.
El 1° de enero de este año, nosotros, a través de la CVP, estamos tomando el control efectivo de esos campos. Tenemos a nuestros muchachos allá, se reunieron el 2 de enero con el Presidente de la República, quien dio las últimas orientaciones para la actividad que estamos haciendo en estos momentos. Le hemos dicho a las empresas, le hemos dicho al país: “Nosotros vamos a extinguir los convenios operativos para el primer trimestre de este año”. Por eso estamos sometiendo en la Asamblea Nacional el modelo que va a regir la constitución de esas empresas mixtas.
Ahora, fíjense lo que estamos haciendo, nosotros no venimos a traerle a la soberana Asamblea una avalancha de números para opacar lo político trayendo cuentas complicadas, como pasaba anteriormente. Nosotros hemos sometido a la Asamblea Nacional -y ayer lo discutimos en el seno de la Comisión de Energía y Minas- el modelo general donde se van a establecer el marco y los términos políticos, las condiciones para la constitución de las empresas mixtas. Que la Asamblea los revise, los discuta, los apruebe, porque luego todas las empresas tendrán que constituirse en base a ese modelo general.
Es decir, aquí no vamos a tener empresas mixtas hechas a la medida de tal o cual situación, aquí vamos a tener un modelo que apruebe la Asamblea Nacional y desde este miércoles siguiente, en el seno de la Comisión de Energía y Minas, vamos a comenzar a traer, ahora sí, todos los números correspondientes a cada uno de los 32 convenios operativos, para que el país entero esté informado, por intermedio de la Asamblea Nacional, de cuáles son, no sólo las condiciones generales de ese modelo propuesto, sino además las especificidades de cada una de las futuras empresas mixtas. En ese proceso estamos ahora.
Mencionando algunos aspectos -y agradezco la atención, porque verdaderamente es un tema que amerita una exposición con detalle- el modelo que le estamos proponiendo a la Asamblea para que sea el marco donde funcionen las empresas
mixtas tiene un articulado extenso, pero es importante señalar en este momento, públicamente al país, algunos elementos estratégicos o sustanciales del mismo.
Por ejemplo, la participación del Estado: Nuestra Ley establece que podemos tener, por lo menos, 50%. Nosotros decimos que para tener un control efectivo de la futura empresa mixta debemos tener, por lo menos, un 60% o un 70% de mayoría en esas empresas; y esa fue una raya que trazamos con las empresas; en ninguna de las empresas mixtas ustedes verán que el Estado tenga una participación menor al 60%.
El otro punto es que la empresa mixta es la que se convierte en la operadora, no el privado; es la operadora la que está bajo el control de nuestra empresa nacional, con una mayoría accionaria contundente. Por eso ya hemos estado diseñando y planificando la futura operación de esas empresas mixtas.
Déjenme darles algunos números: El año pasado, 2005, aunque le pusimos un techo a lo que se pagaba a los convenios operativos, de todas maneras Petróleos de Venezuela tuvo que desembolsar 4 mil millones de dólares para producir 500 mil barriles de petróleo. Este año, para producir los mismos 500 mil barriles de petróleo, no vamos a exceder los mil millones de dólares.
Es decir, tenemos 3 mil millones de dólares de ahorro neto para Petróleos de Venezuela, y ese es un ahorro que va al accionista. No es como pasaba antes, que lo reinvertíamos en negocios de espaldas al accionista. No, ahora se reportan al accionista y se entregan a manera de dividendos o aportes al desarrollo social, como estamos haciendo desde el año pasado con nuestros negocios en el exterior donde, como ya señaló el Presidente de la República, por primera vez los negocios de Citgo aportan dividendos que nos hemos traído al país: 900 millones de dólares convertidos en Misión Mercal, en Misión Barrio Adentro, en todo lo que necesita nuestro pueblo para su desarrollo. Está muy claro el control que ejercerá el Estado venezolano sobre las futuras Empresas Mixtas. Que a nadie le quepa duda de eso.
El segundo aspecto importante es que nosotros estamos preservando las reservas de hidrocarburos. Y que quede claro: eso es un Precepto Constitucional que tiene su origen en el Decreto del Libertador en Quito, en 1829, que establece que las reservas de petróleo e hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del Estado venezolano. Nadie puede, entonces, enajenarlas ni convertirlas en garantía, ni hacer transacciones comerciales basándose en ellas.
Eso sucedía con los convenios operativos, donde las empresas colocaban en sus libros, para sus estados financieros, las reservas como de su propiedad.
Que quede muy claro: el Estado venezolano lo que está otorgando a una Empresa Mixta es un derecho de explotación. Las reservas son nuestras, son propiedad del Estado venezolano.
El Ministerio de Energía y Petróleo tiene todas las potestades, como representante del Estado venezolano, para revocar tanto derechos como áreas asignadas. Déjenme informar a la Asamblea que en este proceso de migración de convenios operativos a Empresas Mixtas estamos revirtiendo a favor del Estado el 60% de las áreas en las cuales operaban los convenios operativos. Éstos estaban operando en 40.000 km2 y ahora el plan de producción para las Empresas Mixtas estima como área suficiente 15.000 km2.
¿Y cuál es el interés de las transnacionales con las áreas? Que eso les da fortaleza en el futuro. Una empresa privada a la cual se le otorguen áreas y áreas, con una gran prospectividad de petróleo, puede seguir obteniendo financiamiento y haciendo operaciones con base en espacios que son del Estado venezolano.
Todas las reservas y todas las áreas petroleras son del Estado venezolano, por intermedio del Ministerio de Energía y Petróleo. Incluso las que están asignadas a PDVSA. Ese es un tema conceptual muy importante. Aquí no se está poniendo en duda nuestra propiedad sobre las reservas de petróleo en el subsuelo.
Luego tenemos la transferencia de todos los activos tangibles ubicados en la República -que sean propiedad de las antiguas empresas- a la nueva Empresa Mixta. Desde el 1° de enero tenemos desplegados en los distintos convenios operativos cerca de 250 auditores independientes, auditando cada unos de los convenios, cada una de las inversiones que se realizaron, verificando si son ciertas, si son valederas, si las vamos a utilizar. Porque con base en esa discusión de inversiones es que se va a dilucidar el porcentaje de participación que tenga el privado. Nosotros no vamos a reconocer acá lo que ellos aspiraban obtener en un negocio en el cual todavía le quedaban 13 ó 14 años de desarrollo.
También muy importante son las políticas y procedimientos de Petróleos de Venezuela referidas a la extinción. La Empresa Mixta no es solidaria con las deudas y compromisos que tenga la compañía que operaba los convenios operativos. Hemos ordenado que se hagan auditorías ambientales para tratar de determinar si en esas áreas se requiere remediación ambiental, la cual correrá por cuenta de la compañía que operaba los convenios operativos.
Asimismo, estamos preservando los derechos de los obreros de los convenios operativos. Todas las obligaciones legales que tienen que ver con la actividad laboral en los convenios operativos están preservadas, y vamos a asumir en el marco de las Empresas Mixtas toda la estabilidad de nuestros obreros, los cuales pasarán, por supuesto, a las condiciones del contrato colectivo petrolero.
Las ventas de hidrocarburos. El artículo 3° de la Ley establece que el monopolio de la comercialización es exclusivo del Estado venezolano por intermedio de su empresa estatal. En este sentido, la Empresa Mixta debe vender a PDVSA toda la producción y todo el gas. Ahora vamos a establecer un contrato de suministro, de venta de hidrocarburos, muy claro, donde están establecidas las fórmulas que está elaborando el Ministerio de Energía y Petróleo para valorizar exactamente el tipo
de crudo, la calidad de lo que se produce, para tener un valor real de esos volúmenes de petróleo.
La operación, personal y tecnología. La Empresa Mixta es una operadora. En las juntas directivas de estas empresas, la CVP -que será la filial de Petróleos de Venezuela responsable de la actividad- tendrá por lo menos tres representantes de un total de cinco. De esta manera tenemos el control efectivo de las operaciones. Los ingresos de personal se harán con la aprobación de la CVP, puesto que pasa a ser recurso humano que se incorpora a una filial de Petróleos de Venezuela.
Transferencia de las acciones. No vamos a aceptar que la participación del capital privado en una Empresa Mixta sea transferida en una operación internacional, como pasaba con los convenios operativos. Antes, en las transacciones internacionales, los convenios operativos se vendían, se traspasaban así como un perol propiedad de estas compañías. Ahora nosotros estamos poniendo de manera muy clara que cualquier transferencia o cambio de accionista en el seno de la Empresa Mixta tiene que ser aprobado por el despacho del Ministerio de Energía y Petróleo, así como cualquier cambio que se pretenda introducir a la figura misma de la Empresa Mixta, tiene que ser sometido a la aprobación de la soberana Asamblea Nacional para las labores de vigilancia y control de la actividad.
Ley aplicable y jurisdicción. Leo textualmente el artículo 7°: ‘Este contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República y cualquier disputa o controversia que pudiera surgir con relación al mismo, y que no pueda ser resuelta amigablemente por las partes, será sometida exclusivamente a la decisión de los tribunales competentes de la República’. Es decir, se acabó el arbitraje y se acabó el someter nuestras actividades petroleras y no petroleras al arbitrio de una legislación extraterritorial. Soberanía, sí señor, estamos reestableciendo la Soberanía.
Estamos fijando un lapso de 20 años como tiempo de duración de la empresa; la Ley establece 25, pero consideramos que 20 años es un tiempo adecuado para evaluar esta empresa en el futuro.
Además, se establece claramente que la Empresa Mixta debe pagar la regalía de 30% y la tasa de impuesto de 50% que contempla la Ley. Aquí, como dijimos, no va a haber nuevas exenciones ni facilidades fiscales en detrimento de nuestro pueblo.
En otro punto, tal como lo establece el artículo 22° de la Ley, estamos introduciendo unas ventajas especiales para la futura Empresa Mixta. Proponemos a la Asamblea, además de la regalía del 30%, establecer una ventaja especial de 3,33% adicional. Esto tiene un propósito muy vinculado al rol social que estas empresas van a cumplir tanto en los municipios donde están asentadas como en los municipios aledaños a donde estén ubicadas las Empresas Mixtas. Este 3,33%
será objeto de discusión; el Ejecutivo tiene una propuesta de su uso, pero tiene la orientación de atender los temas vinculados al desarrollo social tal como está haciendo Petróleos de Venezuela.
El señor Presidente de la República ha instruido que Petróleos de Venezuela establezca los Distritos Sociales. Ahora en el mismo distrito donde haya un responsable de producir petróleo y gas o refinar, esa misma persona, en ese mismo distrito, es responsable de toda la actividad social de PDVSA. Por eso estamos disponiendo que el 10% de nuestro presupuesto de inversión, adicional a todo lo que tenemos en nuestros presupuestos sociales, sea destinado a remediar el terrible problema social que tenemos.
Se establece acá una ventaja especial que es muy importante: la diferencia entre el ingreso bruto, el pago de regalías e impuestos. La sumatoria de éstas va a generar una ventaja especial donde el Estado se garantice el 50% de la participación en los ingresos brutos de las futuras Empresas Mixtas. Aquí estamos restableciendo un elemento de vieja data en nuestra tradición petrolera; comúnmente llamado ‘el fifty – fifty’, ‘cincuenta y cincuenta’, con la diferencia de que ahora le estamos imponiendo el 50% de los ingresos brutos; es decir, la Empresa Mixta tendrá que hacer todos sus esfuerzos para cumplir al menos con un 50% de aportes fiscales al Estado venezolano por el derecho y por la explotación que le estamos concediendo sobre nuestros hidrocarburos.
Igualmente, ya para culminar, estamos estableciendo un impuesto, una ventaja especial adicional de 1% para los planes de desarrollo endógeno, adicional a los que mencionamos anteriormente. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos dar fin a una relación asistencialista que tenía la industria de los hidrocarburos con la región: pintaba una escuela o arreglaba un brocal. Queremos que cada año haya una inversión sostenida sobre proyectos de desarrollo endógeno, bien sean de siembra, ciencia o en el área industrial; así como, por supuesto, los proyectos en educación y desarrollo social que ya tenemos.
Esto, señores diputados, es en líneas generales la propuesta que traemos a la Asamblea Nacional. Yo quisiera solicitar a esta soberana Asamblea, la máxima discusión posible en nombre de nuestro Ejecutivo; bien sea en lo que hemos llamado acertadamente el parlamentarismo de calle, en el cual todos estos temas se lleven a la discusión de nuestro pueblo; porque es muy importante que nuestro pueblo, nuestro país, nuestra Fuerza Armada, nuestros diputados, manejen con todo detalle los temas fundamentales de nuestra política petrolera, de la Plena Soberanía Petrolera.
No será esta la última vez que vamos a venir. Posterior a este proceso de migración, esperamos y necesitamos tener para el 31 de este mes la aprobación de las distintas fases de la conformación de las Empresas Mixtas, para efectos de toda la política que desplegamos. Luego vamos a traer a esta soberana Asamblea, los temas vinculados a los convenios de asociación de la Faja; además de todos los temas vinculados a nuestra comercialización.
Vamos a desmontar juntos, junto a todo el Estado venezolano, uno a uno los aspectos vinculados a la apertura petrolera. Debo decirles que el Ejecutivo Nacional está trabajando de manera bien articulada todos estos temas. Con el Ministerio de Finanzas, por intermedio del Seniat, estamos trabajando para recaudar y reclamar a favor del Estado venezolano todos los impuestos evadidos con la apertura petrolera. Vamos a reestablecer todas las tasas que corresponden a la actividad petrolera; estamos preparando en conjunto una reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta para restablecer el capítulo petrolero que existía en nuestra ley antes de la nacionalización. Es necesario que nuestra actividad económica fundamental, como lo es la producción de petróleo