Contendido de la exposición de motivos
HABILITACIÓN
ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES
JUSTIFICACIÓN DE UN NUEVO TEXTO LEGAL
CONTENIDO DEL DECRETO LEY
Carácter orgánico
Propiedad de los yacimientos
Ámbito del Decreto Ley
Actividades reservadas
Declaración de utilidad pública e interés social
Acuerdo y tratados internacionales
Competencia
Participación de capital privado y formación de capital nacional
Industrialización de los hidrocarburos
Régimen fiscal
Infracciones y sanciones
HABILITACIÓN
El decreto con rango y fuerza de ley orgánica de los hidrocarburos es una de ley promulgada de conformidad con los literales e, f, g, y h, del numeral 2 del Artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con Fuerza de Ley en las materias que se delegan, de fecha 13 de noviembre de 2000, que autorizó al Presidente de la República para dictar, entre otras, una Ley Orgánica de Hidrocarburos.

ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES
Esta Ley propende a la transparencia y a la coherencia, de los aspectos económicos relativos a las actividades petroleras, las cuales involucran tanto al sector público como al privado; marco donde se inscriben los cimientos para el desarrollo de un sector petrolero privado nacional sólido que agregue valor al país y reduzca su dependencia externa.
A comienzos del siglo XX, cuando el mundo comienza a tomar conciencia de la extraordinaria significación del petróleo, las apetencias de potencias y empresas extranjeras voltearon sus miradas hacia Venezuela y comenzaron a incursionar en nuestra actividad petrolera. La circunstancia de que sólo en el extranjero se dominaban las técnicas para buscar, extraer y refinar la sustancia, aunado al persistente atraso tecnológico, político y económico, en la práctica obligó a dejar el recurso en manos de compañías foráneas, pues se suponía que sólo ellas estaban en condiciones de desarrollarlo. De esta manera, hasta las formas y los modos de las negociaciones para el manejo de las actividades relacionadas con el petróleo vinieron del exterior, por carecer nosotros de reglas especializadas para ese propósito.
Es sólo en 1918 cuando se dicta un reglamento dedicado a hidrocarburos y es en 1920 cuando se promulga nuestra primera Ley de Hidrocarburos.
La Ley de 1943 tuvo entre sus méritos unificar el tratamiento legal de los hidrocarburos y mejorar la participación económica de la nación, mediante su propia normativa o permitiendo la aplicación de leyes impositivas, ya que el tratamiento de los hidrocarburos quedó no sólo sujeto a la ley de la materia sino al conjunto de la legislación nacional. Esto permitió al país iniciar un proceso para incrementar los ingresos que recibía por la explotación del petróleo. El objetivo de repartir el producto petrolero, mitad para los concesionarios y mitad para la nación, se logró y se superó con la aplicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La Ley de Hidrocarburos de 1943 cumplió su cometido y nuevos propósitos nacionales sobre hidrocarburos debieron ser atendidos por las reformas de dicha Ley efectuados en 1955 y 1967, así como por las leyes siguientes: Ley de Reversión y Ley de Gas, de 1971; Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, de 1973; Ley Orgánica que Reserva al estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, de 1975 (o ley de nacionalización petrolera) y la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para el Uso de Vehículos Automotores, de 1998.

JUSTIFICACIÓN DE UN NUEVO TEXTO LEGAL
La legislación sobre los hidrocarburos es una de las más importantes del país, después de la Constitución, porque debe regular, en forma clara y precisa, una de las bases de la economía de la sociedad venezolana.
Como se puede deducir de los Antecedentes antes referidos, las normas que regían las actividades sobre los hidrocarburos en Venezuela, se encontraban dispersas en diferentes leyes. Esta situación por si sola, justificó la necesidad de dictar una Ley Orgánica de Hidrocarburos para ordenar y armonizar en un sólo texto, las normas exigidas por la materia.
CONTENIDO DE LA LEY
Carácter orgánico
La condición orgánica de la Ley, se explica por el expreso mandato del Artículo 302 de la Constitución.
Por otra parte, la Ley requería el carácter de orgánica porque se proponía derogar leyes del mismo rango.
Propiedad de los yacimientos
La Ley recoge el principio de la propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos, de rango constitucional. Puesto que la Constitución ratifica expresamente la propiedad de la República sobre los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el país en su Artículo 12.

Ámbito del Decreto Ley
La Ley comprende a todos los hidrocarburos y las actividades que sobre ellos se realizan: exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización y conservación de los hidrocarburos, así como las obras que la realización de estas actividades requiera. No obstante, se excluye de su aplicación lo referente a los hidrocarburos gaseosos, los cuales por sus características, se rigen por su propia Ley Orgánica, la cual, sin embargo debe interpretarse y aplicarse armónicamente con esta Ley Orgánica de Hidrocarburos, conforme a las reglas de la interpretación analógica.

Actividades reservadas
Se reserva al Estado las actividades de exploración en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, la extracción de éstos, su recolección, transporte y almacenamiento inicial, las cuales se denomina actividades primarias, a los efectos de esta Ley (Art. 9
Igualmente queda reservado al Estado las refinerías existentes, de su propiedad o de sus empresas, así como las ampliaciones y mejoras de las mismas. (Art.10.)

Declaración de utilidad pública e interés social
Se declaran de utilidad pública y de interés social las actividades a las que hace referencia este Decreto Ley, así como las obras que su realización y manejo requieran. Dichas actividades estarán primordialmente dirigidas a contribuir con el desarrollo integral, orgánico y sostenido del país, en procura del beneficio colectivo. En consecuencia, el ingreso neto que ellas generen deberá propender a financiar la inversión real productiva, de tal manera que se logre la vinculación del petróleo con la economía nacional
Acuerdo y tratados internacionales
La realización de las actividades previstas en esta Ley, deben ajustarse a las decisiones que adopte la República en virtud de los tratados o acuerdos internacionales por ella celebrados en materia de hidrocarburos. Puesto que quienes realicen actividades en el país están sujetos a toda su legislación y siendo los tratados internacionales de aplicación preferente, no pueden quedar exentos de su aplicación quienes realicen actividades con los hidrocarburos.
Competencia
La ley otorga expresamente competencia al Ministerio de Energía y Minas en cuanto a la administración de los hidrocarburos y le confiere el derecho y la obligación de realizar, planificar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar todas las actividades que con dichas sustancias se realicen. (Art. 8).

Participación de capital privado y formación de capital nacional
Se consagra en la Ley La participación de capital privado en la explotación de los hidrocarburos, mediante la posibilidad de integrarse en la constitución de empresa mixtas para la realización de actividades primarias, así como la de su intervención en las actividades industriales y comerciales realizadas con hidrocarburos, todo sujeto al cumplimiento de los requisitos en ella previstos.
Industrialización de los hidrocarburos
La Ley establece que el Ejecutivo Nacional dictará las medidas necesarias para la industrialización de los hidrocarburos en el país y determina que aquellas deberán, entre otras disposiciones, prever medidas orientadas a estimular la transformación de los hidrocarburos refinados, desarrollar parques industriales alrededor de las refinerías y en zonas donde se facilite el suministro de hidrocarburos; que las refinerías y plantas procesadoras bajo el control del Estado garanticen el suministro de las materias primas disponibles; que los precios y condiciones de suministro oportuno de las materias primas permitan el desarrollo de empresas competitivas en los mercados internacionales y que las empresas que realicen actividades de industrialización de hidrocarburos en el país, fomenten a su vez la industrialización aguas abajo de los insumos por ellas producidos.
Además, la Ley contempla, que la separación, purificación y transformación de los hidrocarburos naturales y de los productos obtenidos, realizados con el propósito de añadir valor a dichas sustancias o productos y la comercialización de los mismos (corriente abajo), configuran actividades industriales y comerciales y pueden ser realizadas por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación del capital estatal y privado, en cualquier proporción y por empresas privadas.
Comercialización de los hidrocarburos
El transporte, almacenamiento, suministro, distribución y expendio interno de los hidrocarburos, destinados directa o indirectamente al consumo colectivo, constituyen un servicio público y el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, fijara los precios de los productos derivados de los hidrocarburos y decidirá lo necesario para garantizar la eficiencia del servicio, la protección del ambiente y evitar su interrupción.
En relación con el comercio exterior de los hidrocarburos naturales y de los productos derivados, se deberán realizarse conforme a la política y los lineamientos que dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Minas.

Régimen fiscal
La participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero comprende: la regalía, los impuestos y los dividendos.
La regalía no es un impuesto, es la parte que le corresponde al Estado por ser propietario del recurso.
El carácter impositivo viene dado por el ejercicio de la potestad del Estado o jus imperi para fijar los impuestos relativos a la realización de la actividad petrolera, fundamentalmente el impuesto sobre la renta.
En su condición de empresario petrolero, al Estado le corresponde utilidades sobre el negocio, las cuales toman la forma de dividendos.
El promedio de la participación fiscal de 1976-2000 (24 años), ha sido del 54%, en un escenario de costos crecientes y de una deficiente estructura de fiscalización para controlarlos. Este escenario introduce una gran variabilidad e inestabilidad en los ingresos nacionales, lo cual incide desfavorablemente en la formulación de presupuestos y planes nacionales con la certeza requerida. Es propósito de la Ley armonizar la participación por concepto de la regalía con el ingreso proveniente de lo establecido en las leyes impositivas, a fin de asegurar una participación justa y razonable para la República.

Infracciones y sanciones
Se ratifica la competencia del Ministerio de Energía y Minas para sancionar las faltas cometidas en el desarrollo de las actividades relativas a esta Ley.